Puerto Rico

La historia de Puerto Rico comenzó con el asentamiento del pueblo indígena ostoinoide en el archipiélago de Puerto Rico entre los años 3000 y 2000 a. C. Otras tribus, como la de los indios arahuaco y saladoide, poblaron la isla entre los años 430 a. C. y 1000 d. C. En el momento de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492, la cultura indígena dominante era la de los taínos. La isla de Puerto Rico fue descubierta el 19 de noviembre de 1493 por Cristóbal Colón, en su segundo viaje de exploración. Algunos historiadores son de la opinión que la isla fue descubierta por Martín Alonso Pinzón en 1492 durante el tiempo que estuvo separado de Colón. Los taínos, habitantes nativos de la Isla, llamaban a ésta “Boriquén”, origen del nombre “Borínquen”, término que guarda cierta semejanza acústica con el nombre original, y que ha proporcionado el aún existente “boricua”. Según los historiadores, este nombre “Boriquén” se deriva del vocablo “buruquena“, nombre de un pequeño crustáceo endémico del Caribe Puertorriqueño. Según algunos historiadores, los taínos constituían una cultura pacífica y hospitalaria, que contrasta con datos históricos por Scarrano, Waguenheim, y otros historiadores que depictan una cultura hospitalaria pero cautelosa. Éstos les entregaron a los españoles regalos de oro, metal que para ellos tenía un valor simplemente decorativo, como un collar de caracoles, mientras que para los habitantes de Europa, Asia y África era y sigue siendo muy preciado…

Existe la teoría de que ese comportamiento se debía a la creencia de que los españoles eran dioses por el color de su piel; pero la opinión moderna lo descarta como mito. En realidad lo que se desprende de los escritos de los colonizadores es la referencia a que fueron tratados como dioses por los taínos, lo cual es un enfoque propio del colonizador, pero no es un indicador objetivo de lo que los taínos realmente pensaban sobre ellos. Hay que recordar que en ese momento no existían buenos traductores españoles capaces de profundizar en una conversación con los taínos y que los que existían se dejaron llevar por sus impresiones. Otro incidente que vale la pena examinar es la muerte de Diego Salcedo, un colonizador que mantuvo esclavizado a un grupo de taínos. Éstos se rebelaron contra él por su trato cruel y lo ahogaron en un río. Muchas personas creen que el acto se llevó a cabo para verificar su condición de dios, pero los académicos difieren. Un hecho utilizado para rebatir esta presunción es que en 1492 se construyó en la actual República Dominicana el Fortín de Navidad con los restos de la embarcación Santa María. Cuando regresaron los españoles en 1493 encontraron que el fortín había sido destruido por el fuego y que los taínos habían matado a todos los colonizadores residentes en él. Los expertos en el tema son de la opinión de que la muerte de Salcedo fue un acto premeditado del Cacique Agüeybaná, que representó el inicio de la rebelión indígena contra los colonizadores en las Antillas.

Castillo del Morro

En 1508 Juan Ponce de León colonizó la isla y fundó el poblado de Caparra. Ponce de León fue recibido por el Cacique Agüeybaná y rápidamente tomó control de la Isla, en contraste con el intento fallido de Vicente Yáñez Pinzón, quien fue declarado Capitán General y Corregidor y se limitó a desembarcar animales domésticos en el oeste de la Isla. Después de la muerte de Cristóbal Colón, quien había sido declarado “Gobernador de las Indias”, este título le fue negado a su hijo Diego Colón y la Corona Española nombró a Juan Ponce de León como primer gobernador oficial de la Isla. Bajo el sistema de la encomienda, equivalente al sistema feudal europeo, se forzó a muchos taínos a abandonar sus aldeas para vivir en las haciendas. Muchos taínos murieron debido a que carecían de inmunidad contra las enfermedades traídas por los europeos, tales como el sarampión o la viruela. Los taínos que sobrevivieron fueron liberados cuando Fray Bartolomé de las Casas, de origen español, convenció a los Reyes Católicos de que eliminaran la encomienda. Para llenar el vacío dejado por los vasallos liberados, los comerciantes comenzaron a traer a Puerto Rico esclavos africanos negros. Los africanos, en su mayoría, fueron establecidos en la zona oriental de la Isla, en pueblos como Vieques, Loíza y Ponce. Debido a esta mezcla de etnias los puertorriqueños modernos describen a Puerto Rico como un país con ciudadanos con un mestizaje producto de tres razas como la taína, española y en menor medida africana.

Juan Ponce de León

Durante siglos, el Imperio español y el Imperio británico lucharon entre sí por la posesión de esta isla. La isla de Puerto Rico fue posesión colonial de España durante más de 400 años. El movimiento, llamado el Grito de Lares, fue una insurrección armada ocurrida el 23 de septiembre de 1868, sin embargo, fue controlada rápidamente por el Imperio español. Tras el Grito de Lares, que coincidió con la Revolución de 1868 en España, se sucedieron reformas políticas y sociales hacia el final del siglo XIX. La lucha por la autonomía llegó casi a alcanzar su propósito el 25 de noviembre de 1897, cuando la Carta Autonómica, que concedía autonomía soberana y política a la isla, fue aprobada en España aunque rápidamente revocada. Los Estados Unidos entraron en la historia puertorriqueña al ocupar la Isla el 25 de julio de 1898 durante la Guerra hispano-estadounidense. El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, por el que Puerto Rico y el resto de los territorios coloniales (Cuba y Filipinas) del Imperio español se cedieron a los Estados Unidos, el 11 de abril de 1899. En 1900, la Ley Foraker creó un gobierno civil que reemplazó al gobierno militar de ocupación. Puerto Rico fue administrado por el Departamento del Interior de los Estados Unidos, pero el gobernador era nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Este tipo de gobierno se basó en un modelo republicano, con tres ramas: el Poder Ejecutivo (Gobernador), el Poder Legislativo (Asamblea Legislativa) y el Poder Judicial (Tribunal General de Justicia). Cabe mencionar que la Asamblea Legislativa constaba de dos Cámaras: por un lado, el Consejo Ejecutivo constituido por los Secretarios del Gobernador; y, por el otro, una Cámara de Delegados compuesta de treinta y cinco miembros elegidos cada dos años por los electores capacitados. Un dato importante es la creación del cargo de Comisionado Residente, representante de la Isla en el Congreso de los Estados Unidos, pero sin derecho a votar en decisión alguna de dicho cuerpo.

El Capitolio, hogar del Senado y la Cámara de Representantes

En 1917, con la Ley Jones, se le otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense, se eliminó el Consejo Ejecutivo como Cámara Legislativa y se dividió a sus funcionarios para formar distintos Departamentos Independientes bajo el Poder Ejecutivo. Éstos fueron el Departamento de Justicia, liderado por el Procurador General; el Departamento de Hacienda, liderado por el Tesorero; el Departamento del Interior, dirigido por el Comisionado del Interior; el Departamento de Instrucción, liderado por el Comisionado de Instrucción; el Departamento de Agricultura y Comercio, dirigido por el Comisionado de Agricultura y Comercio; el Departamento del Trabajo, dirigido por el Comisionado del Trabajo, y el Departamento de Salud, liderado por el Comisionado de Salud. En sustitución del Consejo Ejecutivo se creó el Senado de Puerto Rico, que se compondría de diecinueve miembros elegidos por los electores capacitados y sirviendo por períodos de cuatro años. Además a éstos, se añaden siete distritos senatoriales representados por dos senadores, más cinco senadores electos por acumulación. Este Senado ejercería todos los poderes y funciones puramente legislativos que hasta ese momento había ejercido el Consejo Ejecutivo, incluyendo la confirmación del nombramiento de Gobernador. En 1922 la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (U.S. 1922), interpretó que la Ley Jones no expresaba que Puerto Rico fuese un territorio incorporado, frase que describe a aquellos territorios en proceso de incorporación e integración a Estados Unidos como un estado adicional de ese país. En 1946 la presión para conceder poderes negados hasta entonces por casi medio siglo a los puertorriqueños comenzó a dar resultados con el nombramiento por parte del presidente Truman del Comisionado Residente Jesús T. Piñero Jiménez para el puesto de Gobernador de Puerto Rico. Se convirtió así Jesús T. Piñero en el primer puertorriqueño que ocupó en propiedad el más alto puesto político en toda la historia de la Isla. En 1947 el Congreso aprobó la ley que les permite a los puertorriqueños elegir a su gobernante mediante voto electoral por un término de cuatro años.

Bandera

Los opositores al Estado Libre Asociado y muchos académicos reclaman que el mayor efecto de esta ley fue cambiar el nombre de la ley que regía a Puerto Rico y perpetuar la alegada relación subordinada, puesto que erróneamente se piensa que en el año 1952 es cuando se obtiene la elección del gobernador por voto popular y el sistema de gobierno republicano, cosas otorgadas por las leyes anteriormente reseñadas. Los defensores del Estado Libre Asociado reclaman que se dejó de ser colonia por medio de un “pacto bilateral”, por haberse definido la relación de Estados Unidos con Puerto Rico como una “in a nature of a compact” asociación, término no definido bajo el Derecho Internacional. En 1948, Luis Muñoz Marín, fundador del Partido Popular Democrático e hijo de Luis Muñoz Rivera, ganó las primeras elecciones para gobernador en la historia de Puerto Rico. El 3 de julio de 1950 fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos la Ley Pública 600, que permite a la Asamblea Legislativa formar una Asamblea Constituyente para la creación de la Constitución de Puerto Rico, sujeta a posterior aprobación por parte del Presidente de los Estados Unidos y el Congreso. Esta ley deja intacta la Ley Jones y la bautiza como Ley de Relaciones Federales, eliminando sólo las disposiciones que serían incluidas en el momento en que la Constitución de Puerto Rico entrase en vigor. El 30 de octubre de 1950 tuvo lugar la Insurrección Nacionalista, en respuesta al proyecto del “Estado Libre Asociado”. Blanca Canales proclamó la República de Puerto Rico en el Grito de Jayuya y se dieron combates en diferentes puntos del País.

Escudo

El pueblo de Jayuya fue bombardeado desde el aire, hubo matanzas en Utuado y La Fortaleza, residencia del Gobernador, fue atacada a tiros. En 1954, para dejar claro que la insurrección independentista no era un problema interno de los puertorriqueños, como decía el gobierno estadounidense, los nacionalistas Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero protestaron en el Congreso estadounidense, Lolita dando tiros al aire a la Casa Blair. Todos los atacantes fueron arrestados, incluyendo a Pedro Albizu Camposy cumplieron largas condenas en cárceles federales por no disculparse por haber realizado dicho acto. En 1952 Muñoz Marín indujo a Puerto Rico a obtener el estatus de Estado Libre Asociado, bajo la Constitución del mismo, que es la situación política actual en la Isla. El inglés y el español han sido los idiomas oficiales de Puerto Rico, a penas, desde la firma de la Ley del 5 de enero de 1993, aunque todavía predomina el uso del segundo idioma…[1]

La Factoria Historica

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[1] A mediados del siglo XX la economía puertorriqueña se hallaba orientada hacia la producción agrícola, especialmente al cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo, una gran inversión en la infraestructura pública y extensos programas de incentivos federales han logrado transformar la actividad económica en los dos últimos cuartos de siglo. Desde los 60, y en gran medida por consecuencia de se han establecido en el archipiélago numerosas empresas multinacionales de diferentes industrías como la farmacéutica, electrónica, textil, petroquímica, y más recientemente biotecnológica. Hoy en día, la manufactura y la industria de servicios (incluyendo el turismo) han reemplazado a la agricultura como principal productor de ingresos, cuya cuota de participación en la economía es inferior al 2%. Igualmente, el ganado y la producción de artículos lácteos reemplazaron a la industria azucarera como sector principal de la agricultura. La economía se desaceleró entre 2001 y 2003 por la recesión que experimentaba la economía estadounidense por el estallo de burbuja tecnológica en el año 2000. En 2004 se produjo una efímera recuperación ya que, nuevamente, Puerto Rico entraría en un periodo de recesión durante 2006 y éste se ha extendido hasta 2012, año en que se proyecta la culminación de la depresión económica. Las previsiones económicas apuntan a una leve mejoría en el comportamiento de la economía puertorriqueña en el año fiscal 2012 debido, fundamentalmente, a un mejor comportamiento de la economía global y a un plan de rescate aprobado por el Presidente Obama. Dicho plan incluyó una inyección económica de más de cinco mil millones de dólares para Puerto Rico. Los líderes del país intentaron desarrollar Puerto Rico por medio de la industria ligera, alta en mano de obra pero baja en capital. Este intento falló con la recuperación de los mercados europeos después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de la década de los 60 vio cómo el país se sumía en una bancarrota económica e intentó rescatar la economía por medio de la inversión en la industria petroquímica. Con la subida de los precios del petróleo realizada por la Organización de Países Productores de Petróleo, la industria petroquímica del País se vio sumida en una segunda crisis, lo que provocó que se revisara el modelo económico desarrollado hasta entonces. Los gobernantes lanzaron una tercera alternativa que era la extensión de contribuciones de las corporaciones privadas por medio de la sección 936 del Código de Rentas Internas. En 2005 venció el plazo dado a las empresas que se habían acogido al Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, sección 936. Hasta el presente no se cuenta con un programa de desarrollo económico coherente que resuelva el hueco que dejó el cierre de la 936. Sin embargo, algunos grupos políticos han planteado que la crisis existente en Puerto Rico sólo se puede resolver por medio de un desarrollo integral de la economía que envuelva la autosuficiencia agrícola junto con el desarrollo de industrias de alta tecnología pero que contribuyan a la economía del país por medio de las contribuciones. El gobierno de Aníbal Acevedo Vilá introdujo cambios en los sistemas de impuestos para normalizar la carga y distribuirla más equitativamente a todos los sectores de la economía del país. Ejemplo de eso es la reciente creación de un Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) o “sales tax” que fluctuó durante los primeros meses después de ser establecido entre el 5,5% y el 7% (un 5,5% estatal y hasta un 1,5% municipal) sobre las compras y los servicios, pero que finalmente en 2007 fue unificado a 7% en todo el territorio. El IVU fue establecido con el fin de intentar aliviar los serios problemas fiscales que afectan a la Isla y evitar así una degradación en la escala de devaluación de los bonos de Puerto Rico, lo que de haber acontecido hubiera encarecido la financiación de los proyectos públicos. Este impuesto se equilibró con la eliminación del arbitrio del 6,6% que se cobraba en el punto de importación. Esto fue porque dicho sistema de arbitrios no era del todo fiable y era de conocimiento público que no percibía las cantidades que deberían haber entrado al erario, en su mayor parte por falta de personal para llevar a cabo inspecciones de carga y el tiempo que se requería para estas inspecciones. Otra razón por la cual se estableció el nuevo impuesto a la venta es para reducir de manera drástica la tan mencionada “economía subterránea”, cuyo monto llegó a ser estimado por el Banco de Gubernamental de Fomento igual al de la economía legal. Al requerirse el registro de todo comerciante para legalizar el cobro del IVU, se intenta reducir la evasión contributiva. También se han instituido otros cambios, tales como el alza de los servicios de electricidad y agua para lograr reducir los subsidios que se les daba a las agencias cuasi-gubernamentales que los administran bajo monopolio legal. Nuevamente la lógica es que estos servicios deben ser financiados a base del consumo en vez de subsidiarlo con fondos públicos, lo cual afectaba aún más el desbalance de la carga contributiva hacia la clase asalariada.