La historia de la corrupción española

Ya en el reinado de Felipe III en el período en que el duque de Lerma ejerció el gobierno de España en nombre de Felipe III fue uno de los más notoriamente corruptos en el que se destacaron los casos de Pedro Franqueza, Rodrigo Calderón y el propio duque de Lerma. En el siglo XIX La reina regente María Cristina de Borbón se hizo célebre por su participación en negocios turbios que favorecieron el rechazo entre el pueblo y los políticos. Participó en operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles e, incluso, con la ilegal trata de esclavos, en los que participaba también Narváez. Se llegó a afirmar que no había proyecto industrial en el que la Reina madre no tuviera intereses. Su fortuna se estimaba en 300 millones de reales…

La historia de la corrupción española

En la II República nada más llegar al poder, los partidos republicanos comenzaron a repartir sinecuras a mansalva. El 5 de octubre de 1931, Joaquín del Moral dio una conferencia titulada Inmoralidad Política en el Ateneo de Madrid, posteriormente recogida en su obra Oligarquía y enchufismo, dando las sumas acumuladas por las minorías del Gobierno: en total, el PRR, el PSOE, PRS, AR y ERC se repartían 24 millones de pesetas, 41 millones de euros de 2006, anuales. Ya en los primeros presupuestos de la República, los gastos anuales aumentaron más de 1.000 millones con respecto a los del a Monarquía, sin que las partidas estuvieran del todo claras. Así por ejemplo, los gastos de coches oficiales importaban 11.295.000 pts. en el presupuesto aprobado el 28 de diciembre de 1932. Se habían comprado 31 coches Chrysler, con un coste total de 950.000 pts, de ellos 8 del modelo Imperial, con motor de ocho cilindros y, lujo inaudito, radio incorporada, a 70.000 pts. (120.000 €) cada uno. A preguntas de Gil-Robles reconocía el Ministro que cuando los republicanos llegaron al poder había 58 coches oficiales en Madrid, y ahora serían 741, con una plantilla de 760 conductores. El gasto de gasolina era de 3.000 litros diarios. En palabras de Julio Camba:

 “…una cosa es tener automóvil cuando se es, por ejemplo, ministro, y otra cosa es hacerse ministro para tener un automóvil. El automóvil de los ministros no puede ni debe ser nada más que un instrumento de trabajo, y si en rigor es admisible el que, dentro de un régimen cualquiera, se haga ministro a un señor cuyo programa político se reduce a pasear a la familia dentro del coche oficial, la cosa en cambio, resulta inadmisible de todo punto cuando para hacer ministro al señor en cuestión ha habido necesidad de transformar por completo los fundamentos del Estado (…) Está muy bien, en fin, que los servicios públicos se retribuyan con holgura; pero, si se hace una revolución para encargarse de los servicios públicos y luego resulta que al encargarse de estos servicios públicos no se perseguía otra finalidad más que la de retribuirlos con holgura, la cosa varía.

El escándalo del estraperlo y el asunto Nombela del año 1935 fue otros casos de corrupción que supusieron el derrumbe del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, quedando el centro político sin representación y potenciando a los extremistas de izquierda y de derecha. La polarización que este escándalo provocó fue una de las varias causas que precipitaron el fin de la República y el inicio de la Guerra Civil. Durante ésta, el gobierno republicano, enfrentado al embargo de armas impuesto por el Comité de No Intervención, tuvo que recurrir a dudosos canales de compra, lo que hizo que sus agentes hubieran de gastar enormes sumas de dinero, parte del cual se desvió de forma irregular, en la compra de armas y suministros en el extranjero, siendo los casos de corrupción más sonados los de la Comisión de Compras de París y la CAMPSA Gentibus. Indalecio Prieto, Juan Negrín y varios de sus hijos habrían estado presuntamente implicados en estos casos de corrupción. Según el anarquista Diego Abad de Santillán: “Si el Gobierno Negrín hubiese tenido que responder de su gestión política, económica y financiera habría tenido que terminar ante el pelotón de fusilamiento“. Según don Francisco Largo Caballero:

El señor Negrín, sistemáticamente, se ha negado siempre a dar cuenta de su gestión, (…) de hecho, el Estado se ha convertido en monedero falso. ¿Será por esto y por otras cosas por lo que Negrín se niega a enterar a nadie de la situación económica (…) Desgraciado país, que se ve gobernado por quienes carecen de toda clase de escrúpulos. (…) con una política insensata y criminal han llevado al pueblo español al desastre más grande que conoce la Historia de España. Todo el odio y el deseo de imponer castigo ejemplar para los responsables de tan gran derrota serán poco.

Diversos autores califican también de corrupción el episodio del Tesoro del yate Vita, contado por el socialista Amaro del Rosal, ex director de Caja General de Reparacaciones. Durante la posguerra, España sufrió un hundimiento de la producción agrícola e industrial, adquiriendo una gran importancia el mercado negro, llamado estraperlo en recuerdo de aquel famoso escándalo. La corrupción económica fue un rasgo básico de la dictadura franquista, y estuvo muy extendida y la implicación política en la misma, hasta los máximos niveles, fue absoluta. En algunos casos por la propia participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que los estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una total impunidad. Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves. Para los corruptos supuso un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicó privaciones, carestía, hambre y miseria. En el caso Barcelona Traction fue un plan político urdido con objeto de que Juan March Ordinas, cuyo apoyo fue determinante para afianzar la causa nacional en los primeros momentos de la Guerra Civil Española, se apropiara de Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd. conocida históricamente como La Canadiense como retribución. El 12 de febrero de 1948 tres accionistas de la Canadiense presentaron contra la empresa en los Juzgados de Reus una demanda que prosperó. March constituyó en 1951 las Fuerzas Eléctricas de Cataluña y aprovechó la quiebra de la Barcelona Traction para adquirir los activos de ésta por una ínfima fracción de su valor real. El caso llegó a elevarse a la Corte Internacional de La Haya, cerrándose el 5 de febrero de 1970, pero March quedó ante la opinión pública nacional como uno de los mayores contrabandistas del país y el último pirata del mediterráneo (sic) según la prensa extranjera.

El Estraperlo fue el nombre recibido al contrabando dirigido desde las mismas insitutciones del Estado, así como la venta ilícita de las licencias de importación y exportación, de gran importancia en un régimen mercantilista y autárquico. Se destacó el Ministro de Comercio Manuel Arburua, que “empezó de botones y ahora es archimillonario” según el propio Caudillo. En la agenda Rivara tras casi dos décadas de autarquía e hiperproteccionismo, los proyectos de liberalización económica hicieron temer a las grandes fortunas, que colocaron clandestinamente más de 70.000 millones de pesetas de la época en cuentas secretas de la banca suiza. Por una casualidad, en diciembre de 1958, el enlace suizo George Laurent Rivara fue detenido con una agenda que contenía los nombre de sus clientes españoles y el montante de sus operaciones. Tras ser parcialmente expurgada, la agenda quedó reducida a 872 nombres. Hubieron otros casos. El Caso de Manufacturas metálicas madrileñas en el que la quiebra de esta empresa, dedicada a la manufactura de cacerolas de aluminio, provocó un escándalo que implicaba por mala gestión a un hermano del Caudillo, Nicolás Franco, uno de los principales accionistas de la empresa. El gobierno impidió el proceso judicial, y resolvió la quiebra “en familia”. Otro fue el Caso Matesa donde la quiebra de Maquinaria Textil del Norte de España S.A. dejó una deuda de más de 10.000 millones de pesetas con un banco público, el Banco de Crédito Industrial,, y abrió una crisis gubernamental sin precedentes en el franquismo, debido a una campaña de prensa propiciada por la ley de Prensa de 1966 y atizada por la enemistad entre las familias del Régimen, en especial falangistas y tecnócratas. La comisión de investigación de las Cortes elaboró un informe con conclusiones muy duras para tres ex ministros y un cuarto en activo. No obstante, no pudo demostrarse el desvío de fondos hacia el Opus Dei. Sofico fue inmobiliaria creada en 1962 con objeto de construir apartamentos en la Costa de Sol, en especial en Estepona. Suspendió pagos en 1974 tras haber realizado ventas y participaciones de capital por valor de 13.000 millones de pesetas, dejando en la estacada a 4.000 empleados y 25.000 inversores. Ya en la democracia, en 1981, se declaró oficialmente que la quiebra fue una estafa y un fraude de ley. También tuvo gran importancia la corrupción urbanística y el llamado chabolismo vertical.

Ya en el periodo democrático durante la Transición Española se produjo el caso del aceite de colza que fue la venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700. Se aviene el gobierno en 1982 Felipe González en el que durante los últimos años de gobierno especialmente en la IV y V Legislaturas de España, se sucedieron diversos escándalos de corrupción como fueron los GAL que fue la creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el “señor X”, el dirigente del entramado GAL. Se produjeron además el  caso Naseiro que era la financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias. El caso PSV que fue el fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS. El famoso caso Hormaechea que fue la prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación y el caso FILESA que fueron un grupo de Empresas que financiaban ilegalmente al PSOE.

Ya en el gobierno de José María Aznar  durante la VI y VII Legislatura de España trascendieron los siguientes casos de corrupción como fue el caso del Lino en el que en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.

Con José Luis Rodríguez Zapatero no fue distinto en el que podemos resaltar casos como el del Caso Malaya, caso en el que el saqueo a Marbella fue de 500 millones y la red de testaferros del ‘caso Malaya’ blanqueó más de 671 millones a Roca, tramas urbanísticas a más de 17 ayuntamientos, Caso Gürtel, donde la ‘Gürtel’ costó 120 millones al erario público, o casos como el Gobierno de Jaume Matas donde la corrupción balear tiene a 40 ex cargos del Partido Popular imputados, el Caso Palau donde Millet desvió 35,1 millones de euros del Palau de la Música o el Caso Pretoria que dejaba unos 10 millones de euros en cada pelotazo, sin hablar de los casos de corrupción en Andalucia con el PSOE donde según el Partido Popular hay 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos, el caso Campeón o el de Iñaki Urdangarin solo son un suma y sigue a una historia repleta de mentiras y corrupción…[1]

La Factoria Historica


[1] Barciela López, Carlos Fernando. Franquismo y corrupción económica, en Historia social, Nº 30, 1998. ISSN 0214-2570; Díaz Herrera, José, y Tijeras, Ramón: El dinero del poder. La trama económica en la España socialista. Cambio 16, Madrid, 1991. ISBN 84-7679-190-9; Díaz Herrera, José, y Durán, Isabel: El saqueo de España. Temas de hoy, Madrid, 1996. ISBN 84-7880-605-9; Díaz Herrera, José, y Durán, Isabel: Pacto de Silencio. Temas de hoy, Madrid, 1996. ISBN 84-7880-709-8; Galiacho, Juan Luis, y Berbell, Carlos. Filesa: las tramas del dinero negro en la política. Temas de hoy, Madrid, 1995. ISBN 84-7880-577-X; Jiménez, Fernando. El caso Matesa: un escándalo político en un régimen autoritario, en: Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales., Nº 4, 2000, pags. 43-68 ISSN 1575-0361; Moral, Joaquín del. Oligarquía y enchufismo. Escarceos político-histórico-jurídicos, de un honesto republicano, sobre la “Juridicidad”, Libertad, Justicia y Austeridad en la actual política española. Galo Sáez, Madrid, 1933; Ndongo Bidyogo, Donato. Corrupción en la II República: el caso Nombela, en Historia 16, Nº 66, 1981, pags. 33-42. ISSN 0210-6353; Nieto, Alejandro. La corrupción en la España democrática. Ariel, Barcelona, 1997. ISBN 84-344-1173-3; Olaya Morales, Francisco. El expolio de la República: de Negrín al Partido Socialista, con escala en Moscú. el robo del oro español y los bienes particulares . Belacqua. Barcelona, 2004. ISBN 84-95894-83-1; Olaya Morales, Francisco. El oro de Negrín. Nossa y Jara, Móstoles, 1997. ISBN 84-87169-97-X; Olaya Morales, Francisco. La gran estafa de la guerra Civil: la historia del latrocinio socialista del patrimonio nacional y el abandono de los españoles en el exilio. Belacqua. Barcelona, 2004. ISBN 84-96326-09-8;  Ynfante, Jesús. Los negocios ejemplares : Matesa, Sofico, Rumasa. Los negocios del “Caudillo”. Toulouse, Monipodio, 1975.

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