Historia contemporánea de España

La historiografía española suele considerar como hito inicial no a la Revolución francesa, la Independencia de Estados Unidos o la Revolución industrial inglesa hechos todos ellos muy influyentes en la historia española y que se utilizan como hitos iniciales de la Edad Contemporánea, sino un acontecimiento local decisivo: el inicio de la Guerra de la Independencia de España del año 1808

Historia contemporánea de España

La Guerra de la Independencia ahondó lo que se conoce como la Crisis del Antiguo Régimen, que no comenzó ni terminó su caída con la entrada del ejército napoleónico; aunque la guerra fue decisiva para el desencadenamiento del proceso que sí fue responsable de acabar con el Antiguo Régimen en España, una categoría de análisis histórico fundamental, que engloba un conjunto institucional y de manifestaciones socio-económicas de gran duración, coincidente a grandes rasgos en el tiempo con la historia moderna de España. Ese proceso, la revolución liberal, fue precisamente en España donde recibió ese nombre, a pesar de sus debilidades estructurales y la lentitud e indecisión en sus transformaciones económicas, sociales y políticas, hasta el punto de que su definición real, su condición excepcional u homologable a otros casos europeos, su ritmo y su fecha de culminación es objeto de diferentes interpretaciones. Los territorios de América continental se independizaron mediante las Guerras de independencia hispanoamericanas, mientras que en la metrópoli se inicia un prolongado periodo de bandazos políticos: durante el reinado de Fernando VII (1814-1833) se suceden violentamente en el gobierno los absolutistas y los liberales; mientras que durante el de Isabel II (1833-1868) son los liberales progresistas y moderados quienes se suceden mediante pronunciamientos militares a cargo de espadones de diferente orientación política, como Espartero, Narváez, O’Donnell, Prim o Serrano, algunos de ellos veteranos de las guerras americanas, por lo que se les aplicó el mote de ayacuchos particularmente a los agrupados en torno a Espartero.

Los textos constitucionales se fueron sucediendo en un movimiento pendular entre el inicial reconocimiento de la soberanía nacional en la Constitución de 1812 vitoreada como la Pepa, resultado del predominio liberal en las Cortes de Cádiz, cuya legislación también configuró temas de gran trascendencia en el desmontaje del Antiguo Régimen y el establecimiento del Régimen Liberal con la supresión de la Inquisición, de señoríos y mayorazgos, y en general de cualquier límites al ejercicio del poder por el Estado y al ejercicio de la libertad individual, los derechos individuales y la libertad económica, a su total supresión en la restauración del absolutismo (1814-1820), su reposición en el Trienio Liberal (1820-1823), una nueva supresión durante la Ominosa Década (1823-1833), la redacción de una Carta Otorgada que reconocía el ejercicio de ciertos derechos por la mera voluntad de la monarquía con el Estatuto Real de 1834, el establecimiento de una constitución doctrinaria basada en el sufragio restringido como la Constitución de 1845 o una constitución democrática como la de 1869. La de mayor vigencia en el tiempo fue la de 1876, ecléctica de los rasgos de todas ellas. Caracterizaron la oposición entre todos esos textos el tratamiento de temas como el equilibrio de poderes entre Rey y Parlamento, la libertad de prensa, el juicio por jurado, la función de los ayuntamientos, o la extensión del derecho de sufragio inicialmente indirecto, luego directo pero restringido, y que no se asentó como sufragio universal masculino hasta 1890, el sufragio femenino no se ejerció hasta 1933. Otra cuestión altamente definitoria de la opción política predominante en cada momento fue el tratamiento del orden público confiado a instituciones revolucionarias como la Milicia Nacional o conservadoras como la Guardia Civil. La reacción antiliberal del clero y amplios sectores populares, localizados en determinadas regiones, sobre todo del Norte de España, se materializó en las Guerras Carlistas, durante las que el régimen liberal consiguió imponerse, tanto militar como socialmente, al aumentar su base social entre la burguesía y en una nueva clase de propietarios beneficiados por las sucesivas desamortizaciones como la de Mendizábal, 1836 y la Madoz, 1855, aliada a la antigua aristocracia terrateniente. El proceso industrializador se inició tímidamente, aunque el cambio económico más radical en términos históricos, y el que absorbió la mayor parte del capital nacional, fue el que supuso el aumento de la superficie agrícola explotada y de sus rendimientos, continuación de un proceso comenzado a finales del XVIII con el fin de los privilegios ganaderos de la Mesta definitivamente abolida en 1836, y los frustrados intentos de reforma agraria como el Informe de Jovellanos del 1795 que permitió alimentar a una creciente población e incluso exportar excedentes. Los intereses económicos de la oligarquía terrateniente castellano-andaluza se encauzaron a la apertura de los mercados europeos al trigo español y la apertura a las inversiones extranjeras en minas y ferrocarriles de costoso trazado, que con el tiempo integrarían espacialmente el mercado nacional; mientras que los intereses de la burguesía textil catalana, claramente opuestos, se orientaron a la reserva para su producción del débil y desarticulado mercado interno y los restos del mercado colonial. La política económica se caracterizó por el enfrentamiento entre el proteccionismo y el librecambismo, a través del que se fue forjando un verdadero nacionalismo económico que a veces es calificado de mentalidad autárquica; y en términos fiscales entre los impuestos directos con contribuciones, que gravan según la propiedad, y los indirectos con consumos, que afectan a todos. La expresión ideológica de la combinación de esos intereses económicos con las redes clientelares y otros factores de alineamiento político fueron las ramas progresista y moderada del liberalismo español. Particularmente, la frustración de las expectativas de los industriales catalanes estuvo entre las razones que promovieron las sucesivas escisiones demócrata, republicana, federal, cantonal, y especialmente, en la conformación, a finales del siglo XIX, de un proyecto nacionalista alternativo: el catalanismo con las Bases de Manresa de Prat de la Riba.

Tras el convulso periodo del sexenio revolucionario (1868-1874), en que se experimentaron sucesivamente soluciones políticas democráticas, republicanas unitarias y federales; la burguesía pasó de revolucionaria a conservadora en el último cuarto de siglo, periodo en el que coincide el despegue industrial de Cataluña y el País Vasco con el asentamiento de un régimen político estable: la Restauración (1875-1923), presidida por el turnismo pactado entre los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta, que manipulaban los resultados electorales manteniendo a los partidos no dinásticos como republicanos, socialistas, nacionalistas periféricos, fuera de cualquier posibilidad de influir en el gobierno, gracias al control de los distritos rurales mediante el caciquismo y el pucherazo. En el País Vasco surgió un nacionalismo, el PNV de Sabino Arana, de muy distinto origen al catalán, pues se articuló a partir del fracaso del carlismo como expresión de la reacción tradicionalista y ultracatólica a la industrialización y sus consecuencias sociales, como la inmigración y la destrucción de la sociedad tradicional. Las masas populares, sometidas a grandes desequilibrios sociales y espaciales, sufrieron un desigual proceso de proletarización acompañado por las primeras manifestaciones del movimiento obrero español; aunque como factores de movilización fueron muy eficaces cuestiones no estrictamente laborales como las revueltas por la carestía de los alimentos con el motín de subsistencias, o antifiscales como el motín de consumos, o claramente ideológicas, como el anticlericalismo en el contexto de un proceso de descristianización y el antimilitarismo ante las injusticias del sistema de reclutamiento. El desastre de 1898 llevó a la pérdida de la práctica totalidad de las pocas colonias ultramarinas que permanecían bajo soberanía española: Cuba y Filipinas. No obstante, la repatriación de capitales y una notable sacudida ideológica y social en forma de reacción regeneracionista permitió que España entrara en el siglo XX en un periodo de notable vitalidad: la denominada edad de plata de las ciencias y las letras españolas. La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial permitió un desarrollo acelerado pero con fuertes desequilibrios económicos, políticos y sociales, que estallaron en la crisis de 1917. El sistema de la Restauración no pudo recuperarse del escándalo posterior al desastre de Annual, y se produjo un golpe de estado que instauró la Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), que intentó llevar a cabo un corporativismo con ciertas características similares al fascismo italiano, pero que no se prolongó en el tiempo. La oposición republicana, coordinada en el Pacto de San Sebastián, se impuso en las grandes ciudades en las elecciones municipales de 1931, en medio de una movilización popular que obligó al rey a exiliarse y llevó a la proclamación de la Segunda República Española. Los republicanos de izquierda (Manuel Azaña) y el movimiento obrero, dividido entre socialistas (PSOE y UGT) y anarquistas (CNT), iniciaron un proceso de transformación social durante el primer bienio (1931-1933), que fue frenado por los gobiernos radical-cedistas del segundo bienio en noviembre de 1933, febrero de 1936, enfrentados a la oposición violenta de partidos y sindicatos obreros y nacionalistas catalanes en la revolución de octubre de 1934. Las elecciones de febrero de 1936 dieron el triunfo al Frente Popular, tras lo que las fuerzas conservadoras optaron por la solución militar. La resistencia popular a la sublevación del 18 de julio de 1936 dividió físicamente a España en dos, iniciándose la Guerra Civil Española (1936-1939).

Contrariamente a la división interna del bando republicano, donde la polémica entre “ganar la guerra para hacer la revolución” o “hacer la revolución para ganar la guerra” impidió una coordinación efectiva entre sus múltiples y opuestos componentes; la victoria del bando denominado nacional se debió tanto a la rígida integración bajo el mando militar de sus diversas familias en el Movimiento Nacional como a la mayor eficacia de la ayuda internacional de la Alemania nazi y la Italia fascista ante la inoperancia de la política de no intervención de las democracias. La República se vio forzada a depender de la relativamente menor ayuda aportada por la Unión Soviética y las Brigadas Internacionales, lo que tuvo también el efecto de convertir al pequeño Partido Comunista de España en una de las fuerzas más influyentes. El final de la guerra supuso el asentamiento de un régimen dictatorial marcadamente personalista y con características calificadas en mayor o menor grado de fascistas por la historiografía, que perpetuó a Francisco Franco en el poder hasta su muerte en 1975. En sus primeras décadas, el franquismo optó por la autarquía económica, el totalitarismo y el nacionalcatolicismo, logrando sobrevivir a la derrota de sus aliados, las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, y al aislamiento internacional posterior; pero en las últimas, especialmente desde el plan de Estabilización de 1959 y la alianza con Estados Unidos en el Pacto de Madrid de 1953, se llevó a cabo una relativa apertura política que no pasó de un relajamiento en la represión, sin admitir ningún tipo de expresión de oposición al franquismo y una liberalización económica que produjeron un fuerte desarrollo económico y una significativa modernización social.

La transición a la democracia se produjo no sin tensiones, pero de forma pacífica, en contraste con la violencia tradicional de las transformaciones políticas españolas; produciéndose la alternancia en el gobierno de partidos de orientación moderada hacia la derecha o hacia la izquierda, el UCD de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, PSOE con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y el PP de José María Aznar en una monarquía parlamentaria en la que el presidente del gobierno se convirtió en la figura clave, quedando la del rey, Juan Carlos I durante todo el periodo, reducida a un papel institucional similar al de las monarquías europeas contemporáneas, excepto en un momento clave, como fue el 23-F. Especialmente desde 1986, con la integración en las Comunidades Europeas, España ha experimentado un notable proceso de convergencia económica, política y social con los países de Europa Occidental; al tiempo que se incrementaba la presencia internacional de empresas e instituciones españolas en todo el mundo, especialmente en América Latina. La población española culminó el proceso de transición demográfica hasta convertirse en una de las de menor natalidad y mayor esperanza de vida del mundo; al tiempo que desde los últimos años del siglo XX recibía una fuerte inmigración…[1]

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La Factoria Historica


[1]José Álvarez Junco Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, 2002; Juan Avilés, Juan Francisco Fuentes, Germán Rueda y otros Historia de España, Madrid: Mc Graw Hill, 2009, ISBN 978-84-481-6938-1; Julio Aróstegui La Guerra Civil, 1936-1939, Madrid: Temas de Hoy, 1997; Miguel Artola La burguesía revolucionaria (1808-1874), Alianza, 1973; Ángel Bahamonde España en democracia. El Sexenio, 1868-1874, Madrid: Temas de Hoy, 1997; Ángel Bahamonde y Luis Enrique Otero Historia de España, Madrid: SM, 2009, ISBN 978-84-675-3478-8; M. Balanzá, J. Roig y otros Ibérica. Geografía e Historia de España y de los Países Hispánicos, Barcelona: Vicens Vives, 1994, ISBN 84-316-3480-4; Raymond Carr, (ed.) Raymond Carr, Edward Malefakis, Richard Robinson, Stanley Paine, Burnett Bolloten, Ramón Salas Larrazábal, Ricardo de la Cierva, Robert H. Whealey y Hugh Thomas Estudios sobre la República y la Guerra Civil Española, Madrid: Ariel-Sarpe, 1985 ISBN 84-7291-863-7; Javier Cercas Anatomía de un instante, 2009; Carlos Dardé La Restauración, 1875-102. Alfonso XII y la regencia de María Cristina, Madrid: Temas de Hoy, 1997; Julio Gil Pecharromán La Segunda República. Esperanzas y frustraciones, Madrid: Temas de Hoy, 1997; Antonio Fernández García y otros Historia, Barcelona: Vicens Vives, 2003, ISBN 84-3165831-2; Josep Fontana La quiebra de la monarquía absoluta, Ariel, 1971; Josep Fontana (ed.) Jordi Solé Tura, Juan Pablo Fusi, José Luis García Delgado, Fabián Estapé, José; Antonio Ferrer Benimeli y otros, España bajo el franquismo, Barcelona: Crítica, 1986 ISBN 84-7423-284-8

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