La política antiterrorista después de la tregua

Tras la ruptura de las negociaciones, el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del partido socialista, continuó el acoso que ya se había iniciado en 1998, no solo a ETA, sino además a su entorno, por todas las vías democráticas posibles, perdurando casi todas ellas en la actualidad. Además se reanudó la ofensiva a nivel judicial y policial. Las elecciones generales del 12 de marzo de 2000 otorgaron la mayoría absoluta al Gobierno de Aznar por lo que los pactos con los nacionalistas de la anterior legislatura ya no eran necesarios y podía desarrollar una política antiterrorista sin ataduras…

La política antiterrorista después de la tregua

Parte V

Entre las actuaciones realizadas que podemos destacar son el “Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo” que fue un nuevo pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE el 12 de diciembre de 2000. Se produjo la reforma de la Ley de Partidos por la que consiguió la ilegalización de los partidos políticos afines a la organización como Batasuna, Euskal Herritarrok y HB que no pudieron presentarse a las elecciones, debiendo presentar “listas blancas” que fructificaron en algunos casos. Se formuló una declaración judicial de la Audiencia Nacional que consideraba a los colectivos Jarrai, Haika y Seguí como integrantes de una asociación ilícita no terrorista. Fue el Tribunal Supremo en el 19 de enero del 2007, el que modificó esa sentencia y declaró que Jarrai, Haika y Segi formaban parte de la estructura de ETA aumentando las penas impuestas a sus 24 dirigentes con la inclusión de las anteriores en las listas internacionales como terroristas. Los procesos judiciales contra el “supuesto” entorno de ETA en el “proceso 18/98”, sin que haya recaído todavía hoy sentencia. También se produjo el cierre del periódico “Egin”, de su emisora y de varias empresas vinculadas y el cierre del periódico “Egunkaria” en el 2003. El fiscal retiró la acusación en 2006 por considerar que no existían indicios de que perteneciera a la estructura de ETA, por su política de dispersión de los presos de ETA. Esto se tradujo en la reforma del Código Penal e impulso de cambios jurisprudenciales con la llamada “Doctrina Parot” con el objetivo de conseguir el cumplimiento íntegro de las condenas impuestas a los terroristas y la supresión de los beneficios penitenciarios. Una de estas variables fue la no concesión del tercer grado penitenciario a los miembros de la banda. Los actos de “Kale Borroka” serían enjuiciados en la Audiencia Nacional de Madrid, aunque fueran cometidos por menores de edad. Todo ello impulsó la actuación policial deteniendo a múltiples comandos de la organización y dirigentes de la organización como Iñaki de Rentería, Asier Oiartzabal o Mikel Antza. En el año 2001 se detuvieron a 135 personas vinculadas a la organización. Se produjo el apoyo a asociaciones de víctimas del terrorismo y organizaciones cívicas antiterroristas. Durante esa legislatura popular los Tribunales sentenciaron la ya mencionada “guerra sucia” de los “GAL” que tuvo lugar durante los gobiernos socialistas en los 80, aunque indultaron o excarcelaron a los condenados.

El 21 de enero de 2000, ETA hizo explotar un coche bomba cargado de 20 kg de dinamita en el barrio de Virgen del Puerto de Madrid, muriendo el Teniente Coronel de Intendencia Pedro Antonio Blanco. Este asesinato obligó a Ibarretxe a dejar en suspenso su pacto de legislatura con EH. No fue, sin embargo, hasta después del asesinato por parte de ETA del dirigente socialista alavés Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez, un 22 de febrero de 2000, cuando el pacto se rompió definitivamente. La ruptura del acuerdo parlamentario y el subsiguiente abandono de la Cámara por parte de EH en septiembre, que anunció que sólo volvería al Parlamento de Vitoria en «ocasiones puntuales», dejaron al gobierno PNV-EA en minoría parlamentaria. Las elecciones generales en el año 2000 renuevan a Aznar como presidente, pero esta vez por mayoría absoluta, por lo que ya no necesita el apoyo parlamentario del PNV y se inicia una seria confrontación entre PP y PNV. El 12 de diciembre de 2000, los dos principales partidos políticos españoles, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, suscribieron el llamado Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo tras el abandono de ETA de la “tregua” de 1998 y una vez puesto de manifiesto, según el propio texto del acuerdo,

el fracaso de la estrategia del PNV y Eusko Alkartasuna, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.“.

En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno. La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización. Las víctimas se convierten, tras este acuerdo, en la principal preocupación, e instan a los jóvenes a que se rebelen contra la violencia. El objetivo del pacto es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, y requiere, según sus firmantes, una colaboración permanente entre el PP y el PSOE que implica el intercambio de información, la actualización concertada en las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, y la búsqueda de posiciones comunes en este tema. Tras varios meses de precariedad parlamentaria vasca, debido a la activa oposición de socialistas y populares y a la imposibilidad de aprobar leyes por la ausencia de apoyos parlamentarios, los presupuestos del año 2001 no pudieron aprobarse y debieron prorrogarse los del año anterior, anunció elecciones anticipadas para el 13 de mayo del 2001. La legislatura finalizada había sido la más corta del Parlamento Vasco desde la llegada de la democracia, y finalizaba con altos grados de crispación política y una renovada ofensiva de la organización terrorista ETA, que sólo en el 2000 acabó con la vida de 23 personas.

En ese escenario se celebraron unas duras elecciones vascas, planteadas como un “plebiscito entre “nacionalismo” y “constitucionalismo” en las que la coalición PNV-EA casi triplicó el aumento de votos del PP. Pero el aspecto más sobresaliente fue el serio descalabro que sufrió el nacionalismo radical violento representado por Euskal Herritarrok (EH), que, tras la ruptura de la tregua de ETA, perdió la mitad de sus 14 escaños, pasando del 17,9% de 1998 al 10,1%, perdiendo casi 80.000 votos. El día después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, a nivel internacional el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución en la que, además de condenarlos inequívocamente, exhortaba a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por prevenir y reprimir los actos de terrorismo cumpliendo plenamente los convenios internacionales. El 21 de septiembre de 2001 era el Consejo de Europa quien aprobaba las «Conclusiones y plan de acción del Consejo Europeo extraordinario de 21 de septiembre de 2001» en las que se marcaba el plan de acción de la política europea de lucha contra el terrorismo. Sus principales puntos eran: reforzar la cooperación policial y judicial, desarrollar los instrumentos jurídicos internacionales, terminar con la financiación del terrorismo, reforzar la seguridad aérea y Coordinar la acción global de la Unión Europea. El 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba su resolución 1373 decidiendo que todos los estados miembros debían congelar los fondos y los demás recursos financieros de las personas y grupos terroristas, así como que debían abstenerse de proporcionarles todo tipo de apoyo, activo o pasivo y denegarles refugio. También obligaba a asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a estos actos. Se creó un Comité específico en el seno del Consejo para el seguimiento del cumplimiento de esta resolución. Esta resolución del Consejo inspiró muchas de las políticas que se tomaron en las más diversas instituciones públicas de cara a combatir todos los tipos de terrorismo. Muchos países miembros, así como organismos supranacionales como la Unión Europea, tomaron nota de esta resolución para endurecer las medidas de la lucha antiterrorista, especialmente en lo que a la financiación se refiere. De este modo, el 27 de diciembre de 2001 el Consejo Europeo modificó la anterior lista de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. En la posición común del Consejo se definía a las personas o grupos terroristas de tal forma que se entendía por acto terrorista «el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el Derecho nacional», y cometido con el fin de, entre otras cosas, intimidar gravemente a una población, obligar a Gobiernos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, atentados contra la vida o la integridad física, la toma de rehenes, causar destrucciones masivas a instalaciones públicas, la dirección o financiación de grupos terroristas.

En esta Posición común se adjuntaba una lista de personas y organizaciones terroristas entre las que figuraban muchos miembros de ETA y la organización ETA como tal. Es el 26 de febrero de 2002, cuando el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden por la que se añadía a ETA, y con ella a Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro amnistía, a su lista de terroristas y organizaciones terroristas, así como a algunos terroristas de esta organización. La Guardia Civil ha recogido los nombres de los incluidos en esta lista para especificar algunas acciones terroristas que han llevado a cabo. El 19 de abril de 2002, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos, tras los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. La ley, aprobada el 27 de junio de ese mismo año, pretendía la ilegalización de los partidos políticos que pertenecieran a un entramado terrorista. Esta ley, que modificaba la anterior ley de partidos políticos, anterior a la Constitución Española, establece que los partidos deben tener un funcionamiento y unas actividades democráticas, y que únicamente la autoridad judicial podrá ilegalizar un partido político, de acuerdo con la ley. De ese modo, un partido sería ilegalizado cuando persiguiera “deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático“. Entre las acciones que se consideran destinadas a este fin se encuentra el “dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta.”

Tras la aprobación de la Ley de Partidos políticos, las instituciones judiciales trataron de hacer cumplir la nueva norma. Así, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón decretaba en un auto con fecha 26 de agosto de 2002 la suspensión total de actividades de Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de propaganda. Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el gobierno, a través de Abogado del Estado presentaba una demanda81 ante el Tribunal Supremo para la ilegalización de Batasuna. Asimismo, la fiscalía presentaba también una demanda ante la justicia motivando una petición igual. Después de estudiar estas dos demandas, el 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo en una sentencia resolvió ilegalizar Batasuna tras considerar probado que la creación de este partido político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella. En la reunión del Consejo Europeo del 5 de junio de 2003, se acordó la ampliación de la lista de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna, y como alias de ella a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, y a Jarrai-Haika-Segi, consideradas como un bloque común, y algunas otras organizaciones de la izquierda abertzale, todas ellas consideradas por la UE parte “del grupo terrorista ETA”…[1]

Enlace directo: Las treguas de ETA y el 11-M del 2004

La Factoria Historica


[1]EL ÁRBOL Y LAS NUECES: LA RELACIÓN SECRETA ENTRE ETA Y PNV, El arbol y las nueces, Isabel San Sebastian y Carmen Gurruchaga, TEMAS DE HOY, Edición: 15, 320p; FERNANDO BUESA BLANCO: UNA MIRADA SOBRE LA POLITICA VASCA, V.AA. Coordinados por Maite pagazaurtundu, AUTOR EDITOR, Edición: 1., 200p, ISBN: 8460755436;    PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EUSKADI, JULIO FLOR, PLANETA, Fecha de publicación: 10/11/1998, Edición: 1ª, Número de páginas: 314,  ARRIBA EUSKADI!: LA VIDA DIARIA EN EL PAÍS VASCO,  JOSE MARIA CALLEJA. EDITORIAL ESPASA CALPE, S.A, Fecha de publicación: 26/09/2001, Edición: 1ª.

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